SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1022/2016-S2 Sucre, 24 de octubre de 2016
Principios de legalidad y el debido proceso
La sentencia constitucional plurinacional aborda un caso en el que un contribuyente fue condenado a pagar una determinación tributaria desproporcionada, violando el principio de legalidad y el debido proceso. La acción de amparo constitucional fue utilizada como mecanismo de defensa contra actos ilegales o indebidos de servidores públicos y particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir derechos y garantías reconocidos por la Constitución y la ley
La Sala Constitucional Plurinacional (SCP) de Bolivia ha establecido que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales
Este mecanismo se dirige no solo contra actos y omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos, sino también de personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección
La SCP también ha señalado que el principio de congruencia es relevante en cualquier tipo de proceso, ya sea judicial o administrativo, y exige la identidad jurídica entre lo resuelto y lo solicitado por las partes
La congruencia implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución
En este caso, la SCP consideró que la resolución aun siendo extensa no tradujo las razones o motivos por los cuales se tomó una decisión, lo que vulneró las normas del debido proceso
La jurisprudencia constitucional ha entendido que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados
En resumen, la sentencia constitucional plurinacional aborda la importancia de la acción de amparo constitucional como mecanismo de defensa contra actos ilegales o indebidos, y destaca la relevancia del principio de congruencia en las resoluciones judiciales y administrativas

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